01/junio/2026
Los tres presidentes actuales de USA, Argentina y Chile han alcanzado el poder o han construido sus proyectos políticos sobre propuestas centradas en la maximización de beneficios para el sector privado, sin incorporar de manera suficiente marcos de protección de los derechos humanos y del medio ambiente.
Los tres han promovido medidas regresivas en materia de inclusión, igualdad y diversidad de género.
Los tres han impulsado o respaldado iniciativas de desprotección ambiental para facilitar actividades extractivas en áreas de especial importancia ecológica, incluidas reservas naturales, glaciares y páramos.
Los tres han cuestionado la legitimidad y utilidad de los organismos internacionales y multilaterales de derechos humanos, han denunciado tratados o han retirado apoyos fundamentales a estos sistemas de protección.
Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿cuál es el papel del sector empresarial? ¿Son realmente neutrales las empresas frente a estos procesos políticos? ¿Qué ocurre cuando un proyecto de gobierno busca llegar al poder precisamente a partir de discursos y propuestas contrarias a la garantía de derechos? ¿Qué significa esto a la luz del compromiso empresarial de respetar los derechos humanos?
Quizá la mayor paradoja sea la de afirmar que se tiene un compromiso con los derechos humanos, mientras se respalda electoralmente un proyecto político que promueve lo contrario. No se trata de una discusión entre izquierda y derecha; reducir el debate a esa dicotomía solo profundiza la polarización y perjudica a América Latina. Se trata, más bien, de distinguir entre quienes tienen un compromiso genuino con la protección de los derechos humanos y quienes buscan desmontar avances que han costado décadas de construcción institucional y social.
Luego nos preguntamos por qué existe desconfianza hacia el sector empresarial, por qué con frecuencia se presume su mala fe o por qué se afirma que los derechos humanos son un performance y no un compromiso auténtico. La respuesta puede encontrarse, en parte, en estas contradicciones.
En una de sus últimas intervenciones, De la Espriella afirmó: “Vamos a gobernar a Colombia por el uso de la razón o de la fuerza”. Sin embargo, no puede hablarse de razón cuando se amenaza con el uso de la fuerza. Tampoco puede hablarse de razón cuando se respalda políticamente una consigna que normaliza esa amenaza.
La agenda de empresas y derechos humanos, al igual que las luchas históricas por la dignidad humana, no se reduce al cumplimiento de leyes y obligaciones. Se trata, ante todo, de valores. Y lo que Colombia deberá demostrar ahora es cuáles son los valores que realmente comparte y está dispuesta a defender en relación con la vida, los derechos humanos, la democracia y la justicia social.
Cuaderno Abierto 